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Compartir nos hace más fuertes, pero…¿legales?

Como ya sabéis, la economía colaborativa consiste en la creación de una conexión  (facilitada a través de las plataformas digitales y basada en la confianza) entre las personas que necesitan acceso a un recurso y aquellas otras que dispongan de esos recursos, que están infrautilizados, y que pueden ser prestados, regalados, intercambiados, alquilados, etc.

Se podrían distinguir dos clases de actividades:

  • Las que cubren necesidades sociales y que no tienen ánimo de lucro, que podemos denominar la original.
  • Las comerciales, que son las que interesan más a la Unión Europea y que según se señala, deberían cumplir con las normas vigentes (fiscales, de seguridad, de responsabilidad, de consumidores, etc).

Se trata de un fenómeno que se extiende cada vez más por todo el mundo, quizás impulsado por las necesidades generadas por la crisis económica, y por ello, la Unión Europea está muy interesada en entender su funcionamiento.

Reconoce sus ventajas y examina sus inconvenientes

La Unión Europea sabe que este fenómeno es imparable y reconoce que presenta ventajas claras:

  • Podría complementar la actual economía de la producción, que genera una visión del consumo como una mera posesión de bienes, con otra donde se consigue un acceso compartido a su disfrute;
  • Comparte muchos objetivos de las políticas de la Unión, tales como aumentar la eficiencia de los recursos, avanzar en la innovación, o generar empleos.

Pero también examina sus inconvenientes, entre los que se encuentra el que favorece la gig economy, es decir, la economía de los pequeños encargos. Se trata de la contratación puntual de personas para trabajos esporádicos en los que aportaremos todo lo necesario para la actividad. Aunque permite una mayor flexibilidad, supone que el trabajador corre con todos los gastos derivados de la actividad y es remunerado con una cantidad menor a la que conseguiría siendo contratado directamente, ya que se debe detraer la comisión de la plataforma intermediaria. Las críticas a este modelo señalan que es necesario trabajar más para tener los mismos ingresos y que sólo funcionan en un entorno de escasez, cuando mucha mano de obra está dispuestas a trabajar a cambio de muy poco.

La Comisión Europea está examinando la falta de claridad existente en cuanto a qué normas deberían aplicarse a proveedores, plataformas y usuarios, en temas como la confianza, la seguridad, la protección de datos o  la cobertura de ciertos riesgos.

Teniendo en cuenta la novedad y particularidad de estas prácticas, la Comisión Europea, solicita a las empresas, trabajadores y usuarios de este tipo de empresas sus aportaciones para conocer mejor este fenómeno.

Dada su importancia, considera que es necesaria la ordenación de las prácticas que se desarrollan en su seno, de manera que puedan establecerse los derechos y responsabilidades de todos los agentes que en él operan y creando un marco regulatorio que genere certidumbre a largo plazo en el sector. Y a este respecto, elaborará unas directrices el próximo año para ayudar a los Estados miembros a aplicar la normativa europea en este ámbito, pues considera que se necesita un enfoque común para estas nuevas empresas.

¿Y cuál es la situación en España?

Somos uno de los países comunitarios más prometedores para este fenómeno, habiendo crecido un 25% en solo un año. Sin embargo, España es el país donde muchas plataformas colaborativas activas en otros países han encontrado más cortapisas. ¿Las causas? Podría citarse el gran corporativismo existente en ciertos sectores o el alto grado de desconfianza hacia agentes digitales estadounidenses por parte de empresas tradicionales.

Un ejemplo de las fricciones entre la economía colaborativa y los agentes tradicionales lo tenemos con BlaBlaCar y el sector de los autobuses. Al llegar a los 2.5 millones de usuarios en España, se le acusó de competencia desleal, ya que trabajando en el mismo sector, o pagaban las licencias ni cumplían con su normativa. El sector de los autobuses se ha visto muy afectado por la crisis, reduciéndose sus usuarios en parte debido a Blablacar que ofrece una alternativa más barata y confortable a la de los autobuses. Sin embargo, Blablacar argumenta que los conductores no son profesionales, no pueden vivir de lo que ingresan, pues su objetivo no es el transporte sino compartir gastos cuando se viaja.

Dada la altísima tasa de economía sumergida existente en España, ¿con la llegada de la economía colaborativa saldrán a la luz? algunos opinan que les podría compensar si a cambio, pueden acceder a muchos más usuarios.

Y en este sentido, la economía colaborativa podría convertirse en un aliado de los políticos para aumentar sus ingresos públicos por la vía de una mayor recaudación, pues ésta aumentará si una parte de la economía sumergida saliese de ella. Por ello, podría resultar beneficioso atender los intereses de las startups de la economía colaborativa.

Sin embargo,hay quien piensa que ésto será imposible mientras la fiscalidad de los trabajadores autónomos siga siendo la actual. Ésto se debatió ampliamente durante nuestro primer debate electoral sobre startups.

El próximo informe de la CNC:

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) está elaborando un informe para ofrecer argumentos a favor de la eliminación de las barreras injustificadas a ciertos servicios de la economía colaborativa, como por ejemplo los servicios de viajes compartidos y otras plataformas digitales.

España ha prohibido la actuación de Uber, ha limitado la de Airbnb, y además es el único país en Europa donde otros servicios como Blablacar están siendo examinados en sede judicial.

La CNC considera estas actuaciones injustificadas, pues en su opinión la intervención pública sólo está justificada en casos en los que falla el mercado. Y dichos fallos se han visto reducidos gracias a las tecnologías, que mitiga algunas ineficiencias del mercado que hacían necesarias las regulaciones. Por ejemplo, considera que en el sector del transporte y de la vivienda, la falta de transparencia e información hacían indispensable su regulación, pero que con la actual geolocalización o las evaluaciones realizadas por usuarios, se ha incrementado la información corrigiendo el potencial fallo.

Este informe es el primero que realiza una autoridad nacional en Europa, por lo que es previsible que sea examinado cuidadosamente por las Instituciones, ya que podría servir de guía para aclarar las reglas que se aplican a los proveedores de servicios y plataformas de la economía colaborativa. Lo que busca es lograr el equilibrio adecuado entre la protección de los consumidores, permitir la innovación, y la competencia entre los diferentes modelos.

Por todo lo expuesto, terminamos esta serie de posts invitando a nuestros miembros a participar, dando su punto de vista sobre las ventajas y retos que les puede suponer la economía colaborativa, con el fin de ser activos en la futura ordenación de esta nueva realidad.

Por favor, contesta a nuestro cuestionario online antes del 23 de diciembre.

No te llevará más de 15 minutos y… ¡nos jugamos mucho!!