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Nuestro país vuelve a un escenario similar al vivido en el año 2016, en el que durante meses tuvimos un Gobierno en funciones y dos elecciones generales. Un periodo durante el cual el sector tecnológico y digital vivió como espectador un panorama público en el que, ante la falta de iniciativa política tanto del poder ejecutivo como del legislativo, sólo podía haber especulación sobre quién y cómo se nos podía gobernar.

Pues bien, si este septiembre las fuerzas políticas (todas) no consiguen avanzar en la conformación de un nuevo Gobierno y activar las comisiones parlamentarias correspondientes, volveremos a una situación similar a la ocurrida hace tres años. Este contexto, de enorme perjuicio para nuestra sociedad, es particularmente negativo para todos aquellos operadores económicos, incluyendo grandes empresas, investigadores, PYMEs y emprendedores, que se sitúan en actividades productivas innovadoras y tecnológicas. Quienes compiten sí o sí con actores globales.

A esta extensa interinidad de nuestras instituciones, se suma la ausencia real de una conversación pública y políticas de Estado sobre el desarrollo e impacto de la tecnología, algo que daba cuenta hace unos semanas El País Retina en su análisis del debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Situación que nos aleja de lo que está ocurriendo en países de nuestro entorno como Francia, Holanda o Portugal, donde políticas innovadoras y ambiciosas buscan no perder el tren de la revolución tecnológica.

Por dar un mayor contexto a esta situación, hay variedad de ámbitos en los que el diálogo y el liderazgo público son necesarios y pueden contribuir positivamente:

Un marco innovador para startups y emprendedores. España es una referencia internacional en el desarrollo de proyectos y la atracción de talento; sin grandes fastos se han creado nodos de innovación con startups resultantes de las que enorgullecernos. Sin embargo, llevamos más de cinco años en los que las fuerzas políticas han hablado de medidas para mejorar el emprendimiento y nuevas empresas de base tecnológica sin que ello se haya materializado. El nuevo Gobierno debe incidir junto con el parlamento en aquellas cuestiones fiscales, societarias, laborales y de propiedad industrial e intelectual que nos puedan ayudar a consolidar un tejido empresarial internacionalizado, atractivo para inversores públicos y privados globales.

Un verdadero Mercado Único Digital. La clave es la escalabilidad de nuestras empresas, en un mercado fragmentado como es el europeo, y en el español en algunos ámbitos, tienen muchas menos opciones para escalar y competir que aquellas que provienen de mercados más grandes y homogéneos. Esto necesita de una mayor participación en los múltiples espacios de las instituciones europeas donde se están gestando las políticas que acabarán definiendo su operativa y competitividad. Asimismo, hay que entender el hecho digital como uno de los pilares de la geopolítica de nuestro tiempo, España debe ser un actor clave en el posicionamiento de Europa y sus valores ante los ejes tecnológicos de EEUU y China.

Mayor diálogo e iniciativa pública sobre las plataformas digitales. Alojamientos, compraventa de bienes, movilidad o trabajo a través de aplicaciones, diversidad de ramas de actividad con una alta demanda de la ciudadanía y, en ocasiones, sin una respuesta pública adecuada.

En el caso de la movilidad, sin perjuicio de la distribución de competencias, el Gobierno y nuestro Congreso tienen la capacidad de guiar aquellas políticas públicas que faciliten la mejora de servicios urbanos e interurbanos.

Medidas que además consoliden la transición a un uso racional del vehículo privado y la descarbonización con soluciones como la micromovilidad o el transporte compartido. En materia de trabajo en plataformas, España es el único país en el que la respuesta es únicamente judicial. Este mensaje, recurrente en foros y artículos de prensa, puede convertirse en un habitual si no existe un liderazgo público que estudie estos fenómenos y decida cómo integrarlos en nuestra legislación laboral. Aproximación que, a su vez, debiera considerar el impacto del modelo de plataformas en la digitalización y crecimiento de cientos de comercios, autónomos y pymes.

Y más innovación pública. Un hito no conseguido ha sido la culminación del trabajo de los últimos dos años por parte del Ministerio de Economía para impulsar un “sandbox regulatorio” en el sector fintech. A la espera de que pueda ser aprobado por el nuevo Gobierno, esta iniciativa sigue las tendencias de innovación pública que países de nuestro entorno están promoviendo para lograr un sector público dinámico que pueda responder a una sociedad tecnológica cambiante. Su impulso, junto al de las tecnologías financieras, debería extenderse a otros sectores en transformación y de difícil regulación.

Por todo lo anterior, desde la heterogeneidad de nuestras organizaciones, pedimos avanzar en la construcción de un nuevo Gobierno y en el impulso de la actividad parlamentaria para dar prioridad a políticas y regulaciones que integren en el modelo productivo actividades de alto crecimiento que han sido asumidas y son demandadas por la ciudadanía. Si nuestros representantes públicos no logran avanzar, pensemos cómo desde el mundo civil podamos dialogar y construir. Para seguir compitiendo a nivel global, España será tecnológica o no será.