- La tecnología es la parte central de innovación de las empresas de la economía digital
- Obligar a compartir su propiedad intelectual e industrial excede preocupantemente el ámbito de regulación vigente y la esperable para las aplicaciones
- España debe trabajar de manera conjunta con las instituciones europeas sobre la materia
Madrid, 12 de marzo de 2021
En el día de ayer hemos conocido los detalles del acuerdo suscrito entre el Gobierno, patronal y los sindicatos sobre la futura regulación de la actividad del sector del delivery, conocida comúnmente como Ley Rider. La Asociación Española de Startups quiere expresar su más honda preocupación tras conocerse la urgencia en la aprobación y el alcance de la futura norma.
Resulta especialmente alarmante la propuesta relativa a los algoritmos y a los sistemas de inteligencia artificial, pues no solo excede la supuesta voluntad de regular las relaciones laborales en el sector del delivery sino que entra en contradicción con otras regulaciones vigentes y pone en grave riesgo la protección de la propiedad industrial del conjunto de empresas y startups que operan en el país. Es un precedente que nos preocupa especialmente.
En este sentido, tecnologías ampliamente utilizadas en el sector online como la elaboración de perfiles o la existencia de decisiones automatizadas ya se encuentran reguladas a nivel europeo en el Reglamento Europeo de Protección de Datos que entró en vigor hace escasos dos años, que entiende más que suficiente que se aporte información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. Regulaciones adicionales no armonizadas a nivel nacional, entorpecerían en gran medida el camino hacia un mercado único digital, dificultando el cumplimiento normativo y reduciendo la competitividad y la seguridad jurídica de las empresas europeas.
Los algoritmos y la inteligencia artificial no son más que el desarrollo tecnológico que permite la operativa de las diferentes aplicaciones y, por tanto, la base de su operación en los diferentes sectores de actividad. Cuestionar la legítima propiedad de las empresas al exigir que los algoritmos sean públicos no solo pone en serio riesgo la libre competencia en nuestro país sino que supone un nuevo lastre para el desarrollo y la innovación.
Desde la Asociación Española de Startups consideramos que las políticas públicas y regulaciones que aborden cuestiones tan relevantes para nuestra economía y sociedad deben ser realizadas en base a un diálogo sostenido con los agentes interesados y también tomar en consideración las iniciativas en la materia de las instituciones europeas que a día de hoy se están definiendo en base a procesos abiertos de participación pública. Si el gobierno tiene la intención de avanzar por esta línea, le pedimos expresamente que convoque a todas las organizaciones representativas de la economía digital y del ecosistema de startups.
En este sentido, pedimos a los agentes implicados, especialmente al Gobierno, que reconsideren este extremo, no solo por la falta total de justificación sino por el grave perjuicio que puede llegar a suponer para la economía digital en su conjunto, especialmente para el ecosistema de startups que en España conforman más de 4.000 compañías, y, en definitiva, para la competitividad económica de nuestro país.