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Consulta europea sobre el marco regulador para las plataformas online

Hay una herramienta por la que la Comisión Europea nos permite participar en la creación de las legislaciones europeas, eso son las consultas públicas. Creemos que merece la pena leerlas, conocerlas y participar de ellas, ya que nos afectarán en un futuro próximo.

Dentro de las iniciativas legislativas para conseguir un mercado digital único en Europa ahora está abierta la consulta referente a la regulación sobre plataformas online, donde podemos dar nuestra opinión hasta el 30 de diciembre.

Son 4 los temas principales sobre los que se pregunta:

  • plataformas online
  • lucha contra los contenidos ilícitos online y responsabilidad de los intermediarios
  • los datos y la nube en los ecosistemas digitales
  • economía colaborativa

En cada uno de los bloques se realiza una definición de cada término y de los distintos agentes involucrados (proveedores, clientes etc) para luego hacer preguntas sobre si se considera que la legislación actual es suficiente y si se pueden proponer mejoras para fomentar la economía y la innovación. Podemos ver que mientras algunos puntos se presentan mucho más abiertos, algunos como los datos y la nube y la economía colaborativa son bastante concretos.

El objetivo de la Comisión con esta consulta es entender mejor el papel social y económico de las plataformas, las tendencias del mercado, las dinámicas en el desarrollo de plataformas y los diversos modelos de negocio que surgen a partir de las plataformas.

Vamos a resumir someramente lo que se incluye en cada punto:

Plataformas online

Por «plataforma online» se entiende una empresa que opera simultáneamente en mercados dobles o múltiples y utiliza internet para posibilitar interacciones entre dos o más grupos de usuarios diferentes, pero interdependientes, con el fin de generar valor para al menos uno de los grupos. Determinadas plataformas también pueden considerarse como prestadores de servicios intermediarios.

Esta definición engloba prácticamente todos los productos de Google, redes sociales, plataformas musicales y audiovisuales, sistemas de pago, tiendas de aplicaciones o plataformas de economía colaborativa, lo que hace especialmente importante ésta consulta y la posterior legislación. Los proveedores de acceso a internet quedan al margen de esta definición.

Respecto a las plataformas, se pregunta sobre su aportación y cómo se puede mejorar su transparencia. También se habla de cláusulas contractuales o prácticas potencialmente problemáticas en la relación entre plataformas y proveedores.

Uno de los temas que se apunta es la capacidad técnica de las plataformas online para restringir el cambio libre en lugar de facilitarlo, hasta el punto de preguntar si debería existir un requisito que obligara a facilitar la extracción y transferencia de datos de carácter no personal entre servicios online comparables.

También se pregunta por la creación de una agencia independiente de valoración de las actividades de las plataformas. ¿Te parece conveniente?

Lucha contra los contenidos ilícitos online y responsabilidad de los intermediarios

Tras definir contenido ilícito como la actividad o información ilícita a que se refiere el artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico y dejar constancia de que dicha directiva no ofrece más detalles en cuanto al alcance de éste término, éste apartado de la encuesta dedica varias preguntas a tratar de acortar este término y a discernir qué tipo de contenido ilícito necesita más seguimiento.

Esta directiva sobre el comercio electrónico establece un régimen de exoneración de responsabilidad sobre estos contenidos al intermediario que, como pregunta la consulta, puede no resulta adecuado o afectar negativamente a la igualdad de condiciones de mercado.

Actualmente se describen 3 actividades que pueden realizar los prestadores de servicio: transmisión», «memoria tampón» (caching) o «alojamiento de datos». Frente a la consideración de esta intermediación como un proceso meramente técnico, se evalúa el deber de diligencia de los intermediarios online, cuya regulación ya se incluía en la directiva sobre el comercio electrónico.

La directiva señala que los Estados miembros podrán exigir datos a los prestadores de servicios, para detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales. Eso sí, en la misma directiva se habla de fomentar códigos de conducta a nivel comunitario, pero sin la existencia de una obligación de supervisión. La consulta nos pregunta por la posibilidad de que los proveedores de contenidos comuniquen al prestador de servicios la posible ilegalidad de un contenido.

Los datos y la nube en los ecosistemas digitales

Éste es el apartado que incluye una mayor parte de puntos concretos, que giran en torno a la circulación de datos y los modelos de negocio que surgen en torno a estos datos. Tras una primera pregunta sobre si debe haber diferencias entre datos personales y no personales, nos cuestionan sobre si el marco jurídico y las prácticas vigentes facilitan la libre circulación de los datos, garantizan el acceso y uso suficiente y equitativo de los datos en la UE y salvaguardan los intereses fundamentales de las partes implicadas.

También se nos pide opinión sobre qué medidas adicionales se podrían tomar para fomentar la reutilización de la información del sector público, como complemento de la reciente revisión de la legislación de la UE (Directiva 2013/37/UE) y se plantean cuestiones como los datos “abiertos por defecto” en las Administraciones públicas y en los datos científicos.
Uno de los temas que se introducen en cuanto a la libre circulación de datos es el Internet de las cosas. Se nos pregunta por las ventajas que pueden ofrecer estas plataformas y si se deberían tratar a nivel europeo los problemas de responsabilidad relacionados con estos servicios y bienes.

Otro tema sobre el que se nos pregunta es sobre los sistemas de gestión de datos personales y la conveniencia de promover y desarrollar su existencia para mejorar la transparencia y la aplicación de los requisitos para su tratamiento lícito.

También se presenta una iniciativa europea de computación en la nube que permita garantizar la confianza de empresas y de los ciudadanos europeos en la utilización de servicios de computación en la nube, empezando por la unificación reglamentaria entre los Estados y la creación de sistemas de certificación. Dentro de esta iniciativa, es importante la nube europea de ciencia abierta.

Economía colaborativa

En este último punto de la consulta se analiza el marco normativo, las repercusiones de las plataformas de economía colaborativa sobre los proveedores existentes, la innovación y la elección de los consumidores. También se pretende evaluar el impacto del desarrollo de la economía colaborativa sobre el resto de la economía y los retos y oportunidades que plantea.

Se define economía colaborativa como la actividad que establece un vínculo entre particulares o personas jurídicas a través de plataformas online (plataformas de economía colaborativa) que les permiten prestar servicios o intercambiar activos, recursos, tiempo, competencias o capital, a veces por un periodo limitado y sin transferir los derechos de propiedad.

Hay distintos riesgos y problemas que se nos pide evaluar, para posteriormente preguntarnos si consideramos necesaria una actuación a escala de la Unión Europea para fomentar la economía colaborativa y fomentar la innovación y el emprendimiento:

  • Marco reglamentario insuficientemente adaptado.
  • Incertidumbre de los proveedores en cuanto a sus derechos y obligaciones.
  • Incertidumbre de los usuarios en cuanto a sus derechos y obligaciones.
  • Debilitamiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
  • Incumplimiento de las normas y reglamentos de salud y seguridad.
  • Aumento del trabajo no declarado y la economía sumergida
  • Oposición de los proveedores tradicionales.
  • Incertidumbre en cuanto a la protección de los datos personales.
  • Financiación insuficiente para las empresas emergentes (start-ups).

Los puntos siguientes se dedican a intentar acotar esta actuación, definiendo por ejemplo el umbral de actividad económica colaborativa aplicable para que el proveedor esté sujeto a autorizaciones y registros o cómo diferenciar actividad comercial de participación ocasional.